A día de hoy, disponer de correo electrónico, almacenamiento de archivos en la nube, control de versiones de archivo y edición colaborativa desde distintos dispositivos se ha convertido en un necesidad básica para un centro educativo. Por lo tanto, este servicio debe ser ofrecido por la administración educativa correspondiente y debe estar basado en software libre, no porque sea gratuito, sino porque es el único modelo que garantiza la rentabilidad social y educativa de las inversiones realizadas.
El software financiado por fondos públicos debería ser accesible a toda la sociedad. Recordamos que “software” es un tipo de conocimiento expresado en modo texto. Como conocimiento transmisible, es un recurso ilimitado. Desde la administración, en lugar de favorecer el desarrollo de software libre financiando las adaptaciones de éste a sus necesidades locales, destina grandes cantidades de dinero a licencias restrictivas y nominativas. Dicho de otro modo, en lugar de crear empleo, pagando sueldos de programadores que aporten al desarrollo de software libre adaptándolo a las necesidades sociales, mantienen en la hegemonía, a corporaciones extranjeras con intereses económicos privados en la educación pública.
El resultado es que, en un porcentaje significativo, el software libre destinado al conjunto de la sociedad ha sido financiado por desarrolladores voluntarios sin ningún tipo de reconocimiento. En cambio, se han dedicado ingentes cantidades de dinero en concepto de factura de software, a mantener el desarrollo de programas privativos. ¿Entendemos ahora por qué el software privativo suele cubrir mejor nuestras necesidades? No es porque lo hagan mejor, sino porque el privativo se financia y el libre se menosprecia.
Pero... si Google no cobra a los centros educativos... ¿deberíamos olvidarnos de lo dicho hasta ahora? Los ingresos de Google llegan a posteriori. Al haber educado a toda una generación en sus sistemas, puede vender mucho mejor sus productos a las empresas. Ese dinero, no tributa ni redunda en puestos de trabajo locales. La factura social es muy alta y el sistema educativo está colaborando.
Por ello, creemos que debería ser obligatorio por ley dedicar una partida al desarrollo, mejora y adaptación del software libre utilizado, para garantizar su mantenimiento y permitir a la ciudadanía el acceso libre a un conocimiento que otorga capacidades a quien lo emplea. La buena noticia es que existen alternativas reales en software libre; tan sólo es necesario utilizarlas y colaborar en su mejora.